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PARTIDO APRISTA PERUANO
Comité Ejecutivo
Nacional |
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El APRA y la Comisión de la Verdad *
El Partido Aprista Peruano, reconoce el importante y trascendente trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Su informe debe merecer un exhaustivo análisis de la sociedad y en particular de los Partidos políticos, pues constituye no sólo una importante interpretación de lo sucedido en nuestro pasado inmediato, sino también implica una proyección sobre el futuro. Conocida en toda su magnitud la violencia criminal desatada por Sendero Luminoso, es importante que el Perú tome profunda conciencia de lo sucedido y adopte las medidas correctivas para rescatar a los pueblos y provincias abandonadas durante siglos.
La etapa de violencia que vivió el Perú, ha puesto en evidencia el abismo infranqueable que ha existido entre nuestros pueblos andinos y su población marginada racial, económica y políticamente, respecto del resto del país, principalmente de la población limeña y de las principales ciudades de la costa. Este diagnóstico lo habían hecho don Manuel Gonzalez Prada y el gran etnólogo Luis E. Valcárcel en su obra “Tempestad en los Andes”.
La primera reflexión sobre el informe de la CVR debe llevarnos a tornar la mirada al peruano quechua hablante, campesino, extremadamente pobre, quien fuera secuestrado, torturado y asesinado por Sendero Luminoso (79% de las víctimas eran del área rural); y, posteriormente se encontró entre dos fuegos, la violencia senderista y los excesos de las fuerzas del orden, que si bien estaban preparadas para una guerra convencional, no lo estaban profesional ni psicológicamente como tampoco lo estaba el sistema político, para enfrentar el fenómeno terrorista.
Para el APRA, el informe de la CVR significa una gran motivación para mirar nuevamente el problema indígena, tal como lo hiciera Víctor Raúl Haya de la Torre durante su presencia cusqueña, quien subrayaba que en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes reunido en el Cusco (1920) se proclamó entre los grandes deberes de su generación la reivindicación material y espiritual del indio peruano.
“En el gran frente único de trabajadores manuales e intelectuales que marcha ya hacia la lucha bajo la bandera libertadora del APRA, los indios de toda América tienen un puesto con nosotros…El problema del Indio del Perú como en cualquier país americano es problema económico, es problema de justicia social”, decía Haya de la Torre en su ensayo El Problema del Indio (Obras Completas, Tomo 1, pag. 181-191).
Por ello, el Partido Aprista Peruano, tiene la obligación de brindarle una gran atención a las zonas y poblaciones que fueron escenario de la lucha terrorista, la cual destruyó su infraestructura y capacidad productiva, causando la pérdida de miles de vidas. Este deber, se resalta cuando por mandato popular, el PAP ha ganado en las últimas elecciones, tanto las Alcaldías de Huamanga, Cangallo y Paucar del Sarasara, como el Gobierno Regional de Ayacucho. En dicha región se tuvo el 40% de los muertos en 20 años de violencia. Ayacucho y el Trapecio Andino, merecen un Plan de Desarrollo Integral que el PAP propondrá al Congreso de la República y en el que la promoción de la agricultura será el eje articulador de esta estrategia.
Asimismo, asumimos el deber de plantear reformas institucionales necesarias para garantizar la preparación de las instituciones del Estado, para que ningún tipo de excesos o abusos vuelvan a producirse, para asegurar la paz social, retomar el tema educativo cuyo descuido por el Estado estuvo en el origen del problema y por cierto sentar las bases de la reconciliación nacional, tanto personal como familiar y en general de las relaciones del Estado con la sociedad y los ciudadanos. Parte de ello, serán las iniciativas de reparación que el PAP propondrá al país como iniciativa legislativa, recogiendo las propuestas de la CVR y la sociedad civil.
La CVR ha liberado de toda responsabilidad penal a Alan García Pérez
Algunos sectores esperaban y especulaban públicamente que la CVR emitiría un informe condenatorio contra el APRA y Alan García. Como siempre, la ceguera y la odiosidad política les hizo perder de vista la profundidad del drama peruano y la tragedia de la violencia senderista. Sólo veían en la Comisión, la gran oportunidad para infligir un gravísimo daño al Partido y a su candidato natural.
Pero, la CVR, no obstante la presión del sector anti aprista más recalcitrante y reconociendo los resquemores que su decisión podía provocar, se colocó a la altura de su responsabilidad histórica, emitiendo una opinión colectiva seria, responsable y objetiva, eximiendo al ex Presidente Alan García de cualquier tipo de responsabilidad penal.
Principalmente, en el caso relacionado con el centro penitenciario de El Frontón, el anti-aprismo soñaba que la CVR aprobaría una denuncia penal contra Alan García, por genocidio y asesinato. De nada valía que cuatro fiscales en los últimos tres años hubieran dictaminado que no había elementos para denunciarlo. Incluso se pretendió manipular los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que sólo ordenó investigar el caso, y no solicitó que se comprendiese, en dicha investigación al ex Presidente, como trataron de presentarlo ante la opinión pública aquellos cuya carrera política se centra exclusivamente en el odio.
Haciendo honor a la verdad histórica, la CVR no ha encontrado ningún tipo de responsabilidad penal en Alan García. La orden de debelar el motín impartida el 18 de junio de 1986, no implicaba autorización para crímenes de ninguna naturaleza, los que al perpetrarse fueron denunciados inmediatamente por el propio Presidente. Esta es una precisión muy importante de la CVR, pues ha dejado sin piso a los más recalcitrantes enemigos del APRA que, bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos, sólo pretendían neutralizar políticamente al candidato del aprismo.
Pero el que se excluya de una responsabilidad penal no debe soslayar los errores o la carencia de un plan integral, así como los excesos que por tal razón se hubieran cometido. El aprismo, acepta las insuficiencias que en este tema hubiera tenido su gobierno y considera que su estudio autocrítico debe servir para evitarlas en el futuro.
La CVR reconoce el martirologio aprista y la labor de su gobierno
Transcribimos la primera conclusión del informe de la CVR, referida al gobierno aprista: “La CVR expresa su reconocimiento especial a todas las víctimas pertenecientes al PAP, muchas de las cuales fueron autoridades locales que permanecieron en sus puestos a pesar de la intensidad de la violencia. La CVR resalta también, el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país”.
El APRA ha sido el Partido con el mayor número de víctimas en la guerra demencial que el terrorismo desató contra el Perú. Es conmovedor certificar que las más de mil víctimas apristas de la violencia terrorista fue producto de una campaña de aniquilamiento selectivo contra los miembros del PAP, que empezó precisamente con las primeras víctimas: el alcalde aprista de Curgos, distrito de la provincia liberteña de Sánchez Carrión, Genaro Castillo Vásquez y el alcalde provincial de Tingo María, Tito Jaime Fernández, en los años de 1983 y 1984 respectivamente; pasando por decenas de Alcaldes, Gobernadores, Prefectos, Presidentes de Corporaciones de Desarrollo como Marcial Capeletti, Félix Ortega Arce y Ricardo Ramos Plata e inclusive Ministros de Estado como nuestro querido Ministro de Trabajo, Orestes Rodríguez Campos y el General Enrique López Albujar, Ministro de Defensa, asesinado por el MRTA; mujeres del pueblo como Maria Moya de Huapaya y centenares de dilectos compañeros.
La CVR valora la política social del PAP
Es también importante recordar que la CVR reconoce que el gobierno aprista impulsó una política social para reorientar la estrategia antisubversiva. Dentro de esta política social, impulsada por el APRA, cabe mencionar, el crédito cero para el trapecio andino, la ayuda tecnológica, equipamiento y recursos de la cooperación internacional orientada a los más pobres, los rimanacuy, el PAIT urbano y rural, los puntos de compra y venta de ECASA y ENCI, etc., junto a la conformación de la Comisión de Paz, la unificación de las fuerzas policiales, la creación del Ministerio de Defensa, la organización de la DOES y el GEIN que finalmente capturó a Abimael Guzmán.
Es importante el que la CVR haya reconocido el mérito histórico de una serie de medidas que tomó el gobierno aprista, a la que sus enemigos, durante toda la dictadura de Fujimori, permanentemente las criticaron como medidas populistas que habían dañado a la sociedad peruana.
Finalmente, la CVR reconoce que la política de derechos humanos y el control civil sobre la acción militar caracterizaron al gobierno aprista.
Casos Especiales
En el caso Cayara, el Partido piensa que al haberse comprobado que fue un caso flagrante de violación de los derechos humanos, debe ser materia de investigación. El PAP y su militancia no tienen por qué verse afectados por hechos de terceros, perpetrados probablemente bajo el imperio de la emoción violenta, teniendo en cuenta que en la víspera sendero Luminoso había emboscado a una patrulla militar, matando a catorce efectivos.
En lo que se refiere al mal denominado comando Rodrigo Franco, la CVR no ha encontrado pruebas que vinculen al gobierno aprista con ese supuesto grupo paramilitar. No obstante ello, habría que señalar que el General Rodolfo Robles Espinoza, en su libro “El Grupo Colina: crimen e impunidad” señala que fue el grupo Colina que en ese entonces se denominaba “Rodrigo Franco” el que asesinó al abogado senderista Manuel Febres Flores.
Finalmente, la CVR declara enfáticamente que ha quedado plenamente demostrado que el asesinato de Rodrigo Franco, estimado compañero del PAP, fue obra de Sendero Luminoso.
Responsabilidad de las Fuerzas Armadas
El APRA, sin embargo, muestra su extrañeza frente al hecho de que el informe de la CVR haya calificado el accionar de las Fuerzas Armadas como una práctica sistemática y generalizada de violación de derechos humanos. Creemos que no ha sido así.
No se puede confundir las transgresiones y violaciones de los derechos humanos, como algunos asesinatos execrables, las torturas y las violaciones de mujeres campesinas, como si fuera una acción sistemática, es decir, planificada y ordenada por la superioridad y el Estado. Los hechos denunciados deben ser investigados y sancionados como casos concretos y particulares.
Lo cierto es que nuestras Fuerzas Armadas no estaban preparadas para enfrentar a un enemigo oculto que asesinaba a sangre fría. Pero, no obstante ello, jugaron un rol fundamental y protagónico para derrotar a los delincuentes terroristas. El reconocimiento del Perú a sus FFAA en 1989 no puede verse ensombrecido por el mal accionar de alguno de sus integrantes.
Por otro lado, jamás debe olvidarse que, a diferencia de otros países latinoamericanos, donde se denuncian a las FFAA por violación de los derechos humanos, en el Perú nuestras FFAA no se alzaron contra un orden constitucional establecido para perseguir y hacer desaparecer a miembros de determinadas ideologías, sino que fueron enviadas por gobiernos democráticos para que expongan sus vidas y se enfrenten a demenciales grupos terroristas que, durante más de diez años, sembraron en nuestro país la destrucción y la muerte.
El Pueblo ha redimido al PAP de su responsabilidad política
A diferencia de la responsabilidad penal que la CVR señala en el caso de Fujimori y de su gobierno, precisa que el PAP sólo tiene responsabilidad política.
Pues bien, las responsabilidades políticas las sanciona y las redime el pueblo. Toda responsabilidad política se asume ante él, puesto que no es jurídicamente condenable, aunque obligue, como el aprismo lo reconoce, a una autocrítica colectiva y democrática.
El pueblo pudo haber castigado al PAP en las elecciones del 1990, de 1995, y del 2000 pero ya lo ha redimido plenamente en las elecciones del 2001 y del 2002.
Comité Ejecutivo Nacional
Partido Aprista Peruano
*Pronunciamiento aprobado en la sesión Nº 26-2003 de fecha 14.OCT.2003.
secretario-general@apra.org.pe
Apreciaciones preliminares
del APRA sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad
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